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Tras años de debate, el Congreso Nacional de Chile aprobó una reforma histórica que redefine el futuro de las pensiones y fortalece la seguridad económica de millones de ciudadanos.
María, una pensionada de la Región del Biobío, recuerda con nostalgia los días en que su jubilación apenas alcanzaba para cubrir medicinas y necesidades básicas. Hoy, la idea de un aporte mayor le devuelve la esperanza de vivir con dignidad y tranquilidad.
El sistema de pensiones chileno, basado en el ahorro individual desde 1981, reemplazó el modelo de reparto heredado de la década de 1960. Durante décadas, ese esquema generó cuestionamientos por las bajas tasas de reemplazo y el creciente riesgo de pobreza en la tercera edad.
A pesar de la implementación de la Pensión Garantizada Universal (PGU) en 2022, numerosos estudios revelaron que los montos resultaban insuficientes para cubrir las necesidades básicas de los adultos mayores. Las brechas de género, las diferencias de ingresos y las lagunas previsionales demostraron la urgencia de un cambio profundo.
El Presidente Gabriel Boric presentó el proyecto de reforma previsional en enero de 2025, dando inicio a un proceso de más de dos años de intensas negociaciones. Representantes del oficialismo y la oposición, expertos en seguridad social, gremios de empleadores y colectivos de pensionados construyeron un acuerdo basado en el diálogo.
Como señaló la ministra del Trabajo, “Esta reforma no solo garantiza más recursos, sino que también reafirma nuestro compromiso con la dignidad de quienes construyeron Chile”.
Con 110 votos a favor y 38 en contra en la Cámara de Diputadas y Diputados, y un amplio respaldo en el Senado, se logró una aprobación que traspasó las diferencias partidistas. Este consenso refleja la convicción de que el bienestar de los adultos mayores es responsabilidad de toda la sociedad.
Estas medidas buscan no solo elevar los montos de pensión, sino también mejorar la equidad y la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Los números ilustran la dimensión de esta transformación:
El incremento de entre 14% y 35% en las pensiones base para distintos grupos de pensionados representará un alivio significativo para quienes hoy reciben montos magros.
La reforma no solo favorece a quienes hoy perciben una pensión, sino también a quienes aún están en etapa laboral. Al aumentar las cotizaciones y fortalecer el seguro de lagunas, se promueven tres grandes ventajas:
Primero, mayor previsibilidad financiera, ya que los trabajadores contarán con aportes más altos y seguros reforzados para planificar con certeza su jubilación. Segundo, incentivos claros a la formalización, dado que las empresas tendrán motivación para cotizar correctamente y reducir el trabajo informal. Tercero, protección efectiva ante interrupciones, gracias a un Seguro de Lagunas que evita que periodos sin cotización afecten drásticamente la pensión final.
Uno de los avances más destacados es la compensación para mujeres, que reconoce que las trabajadoras suelen tener carreras más interrumpidas y menores ingresos acumulados. Con 800.000 beneficiarias, la reforma corrige desequilibrios sistemáticos y promueve una mayor justicia social.
Este reconocimiento de las responsabilidades familiares y laborales fortalece la idea de que una sociedad justa cuida a quienes han dedicado años de su vida al bienestar común.
Estos cambios apuntan a generar un ecosistema más competitivo, donde la calidad del servicio y la rentabilidad de los fondos beneficien directamente a los cotizantes.
La reforma establece una responsabilidad compartida para garantizar el éxito del nuevo modelo. Mientras los empleadores asumen mayores aportes, los trabajadores están invitados a actualizar sus datos, revisar su historial y planificar aportes voluntarios.
Varias empresas ya han anunciado talleres informativos para sus colaboradores, explicando en detalle los nuevos aportes y ofreciendo asesoría para la planificación previsional.
La adopción de estas prácticas permitirá maximizar los beneficios de la reforma y asegurar una jubilación digna.
El principal desafío será garantizar la sostenibilidad financiera sin sacrificar beneficios. Es esencial que las nuevas cotizaciones sean efectivas y que el Estado monitoree el cumplimiento de los compromisos.
Además, el envejecimiento poblacional obligará a ajustar periódicamente las políticas previsionales. La incorporación de innovaciones, como la educación financiera y plataformas digitales de seguimiento, puede fortalecer la confianza en el sistema.
Es esencial mantener un diálogo abierto con la sociedad civil para ajustar la normativa ante nuevos desafíos y asegurar que el sistema evolucione conforme a las necesidades de los afiliados.
La aprobación de esta ley representa un paso decisivo hacia un sistema de pensiones más justo, equitativo y sostenible. Con medidas que benefician a generaciones presentes y futuras, Chile consolida un camino de progreso social.
La invitación es clara: empleadores, trabajadores y Estado deben colaborar estrechamente para consolidar estos avances y garantizar que cada chileno cuente con dignidad y seguridad económica en su período de retiro.
Referencias
