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La reciente decisión de los gobiernos de Argentina y México de cortar parte de los subsidios energéticos ha encendido un intenso debate público. Los recortes impactarán de lleno en los bolsillos de millones de familias de ingresos medios y bajos. A medida que los montos disminuyen de manera significativa, surgen preguntas sobre cómo afrontar el alza en las tarifas y cuáles serán las consecuencias sociales y económicas de este ajuste.
En Argentina, el financiamiento destinado a gas y electricidad pasará de US$ 6.500 millones en 2024 a aproximadamente US$ 4.000 millones en 2025. Esta reducción del 40% de subsidios energéticos representa una caída abrupta frente a los US$ 10.000 millones de 2023. La Resolución 36/2025 de la Secretaría de Energía estipula que la disminución será gradual, afectando primero a los sectores de ingresos medios y luego a los hogares de menores recursos.
En México, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) anunció el fin de ciertos descuentos en la temporada de verano 2025. El recibo de junio reflejará un encarecimiento directo en el servicio eléctrico, en el marco de un plan de desmonte paulatino de subsidios. El presupuesto de la Secretaría de Energía (SENER) para 2025 se ubica en 138.307 millones de pesos, con una reducción del 20,9% respecto a 2024. Las transferencias a Pemex y CFE caerán estrepitosamente, en un 10,2% y un 99,9% respectivamente.
Ambos países mantienen programas específicos para amortiguar el impacto del recorte, pero los cambios anunciados alterarán la cobertura y el alcance de estos beneficios. En México, la CFE implementa un subsidio estacional de electricidad desde el 1 de mayo al 31 de octubre en 23 estados con altas temperaturas. En Argentina, existen esquemas de tarifa social y ayudas focalizadas que se verán modificados por la nueva normativa.
La eliminación paulatina de descuentos implicará que cierto porcentaje de usuarios pierda este respaldo económico, lo que elevará hasta en un 30% el costo de la factura en temporada alta.
Los usuarios de ingresos bajos serán los más perjudicados por la retirada de subsidios. Se estima que entre 3 y 5 millones de hogares en Argentina y más de 10 millones en México enfrentarán un riesgo de exclusión energética para hogares. En zonas de clima extremo, como Sonora, el gasto en aire acondicionado se convierte en una necesidad, no un lujo, intensificando la presión sobre las familias.
Historias de usuarios que duplicarán su factura eléctrica o reducirán el uso de aparatos básicos para ahorrar energía emergen de foros comunitarios y redes sociales. El acceso ininterrumpido a servicios esenciales, como la iluminación nocturna o el funcionamiento adecuado de refrigeradores, está en juego.
Los gobiernos defienden el recorte de subsidios como una medida de sostenibilidad fiscal y eficiencia operativa. En Argentina, se argumenta que la estabilización de tarifas y un tipo de cambio controlado justifican la reducción sin riesgo inflacionario inmediato. En México, la baja en las ayudas se inscribe en la meta de canalizar recursos hacia inversiones estratégicas y sanear las finanzas de Pemex y la CFE.
No obstante, asociaciones de consumidores y ONGs alertan sobre urgencia de acelerar la transición energética sin desproteger a los sectores más frágiles. El Parlamento Europeo, aunque ajeno al contexto latinoamericano, sostiene que la protección social debe acompañar la descarbonización y evitar costos prohibitivos.
El próximo desafío será equilibrar la necesidad de ajustar las cuentas públicas con la urgencia de no desatender a los hogares en situación de subsidiación inteligente y focalizada en pobreza. Para lograrlo, expertos recomiendan transparentar el uso de los recursos liberados y diseñar indicadores de medición de impacto social.
La conversación pública demuestra que la polémica no se limita a cifras macroeconómicas, sino que involucra derechos fundamentales como el acceso a la electricidad y al gas. A medida que se implementan los ajustes, la calidad de la discusión y la inclusión de voces ciudadanas serán determinantes para alcanzar un modelo energético más justo y sostenible.
En última instancia, la reducción de subsidios ofrece una oportunidad para repensar el sistema energético: un momento para fomentar la innovación, incentivar el ahorro responsable y consolidar un modelo que combine viabilidad económica con equidad social.
Referencias
