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En un momento decisivo para el mercado laboral mexicano, el gobierno ha puesto en marcha un ambicioso programa destinado a impulsar la transición de millones de trabajadores hacia la economía formal. Con más de la mitad de la población ocupada fuera de un marco legal, esta iniciativa representa una apuesta por el bienestar social y el desarrollo económico sostenible.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del INEGI, en abril de 2025 un asombroso 54.7% de la fuerza laboral—32.7 millones de personas—se desempeñaba en la economía informal. Esta cifra revela la magnitud del reto y la urgencia de ofrecer soluciones prácticas que garanticen dignidad, protección y oportunidades para quienes hoy carecen de prestaciones sociales.
Trabajar sin estar registrado conlleva la ausencia de derechos fundamentales. Al margen de la seguridad social, estos trabajadores enfrentan fluctuaciones de ingresos, jornadas extenuantes y la imposibilidad de planificar su futuro. Sin acceso a IMSS o ISSSTE, se ven obligados a cubrir gastos médicos y de vivienda de su propio bolsillo.
La ausencia de pensiones, seguro de desempleo, vacaciones pagadas y aguinaldo agrava la vulnerabilidad de quienes brindan servicios o elaboran productos sin las condiciones mínimas establecidas en la Ley Federal del Trabajo. El resultado: familias sin respaldo ante una enfermedad, un accidente o la llegada de la vejez.
La informalidad no solo limita a los trabajadores, sino que incide en el desarrollo de comunidades enteras. Al estar fuera del sistema, se reduce la recaudación fiscal destinada a salud y educación, lo cual afecta la calidad de vida de todos los ciudadanos. Además, se pierde competitividad y capacidad de inversión en el país.
Según datos recientes, la participación laboral femenina descendió ligeramente de 45.4% a 46.4%, mientras la masculina pasó de 76.4% a 75.2%. Estas variaciones, aunque pequeñas, subrayan la necesidad de diseñar estrategias inclusivas que beneficien por igual a mujeres y hombres.
Para revertir esta tendencia, se ha diseñado un paquete de estímulos y apoyos que facilitan la transición exitosa hacia la formalidad laboral. Basado en la Recomendación de la OIT núm. 204 y en modelos implementados en otros países de la región, el programa ofrece:
Entre los componentes destacados figuran:
María, vendedora de artesanías en Oaxaca, solía trabajar sin protección alguna. Gracias al programa, hoy cotiza en el IMSS, recibe asesoría fiscal y asegura la educación de sus hijos. Por su parte, José, chofer de taxi informal en la Ciudad de México, accedió al acceso a la seguridad social y garantizó la atención médica para toda su familia.
Estos casos reflejan lo que puede lograrse cuando se conjugan voluntades políticas, marcos internacionales y incentivos económicos y simplificación de trámites. Se espera que, en un año, más de 5 millones de personas hayan dado el paso hacia un empleo con derechos plenos.
Para participar, el proceso es sencillo y está pensado para cobertura de salud y pensiones inmediata. Los interesados deben:
Los coordinadores estatales y municipales colaboran con organizaciones locales para garantizar información clara y asesoría presencial en zonas urbanas y rurales. Además, se han dispuesto módulos itinerantes para facilitar el trámite en comunidades alejadas.
La formalización no es solo un trámite: es una condición necesaria para el desarrollo integral de México. Con un crecimiento económico sostenido e inclusivo, se multiplicarán las oportunidades, se fortalecerá la seguridad social y se promoverá la inversión privada.
Los expertos de la OIT y WIEGO coinciden en que este programa sentará las bases para una economía más justa y resistente a crisis. El objetivo final es reducir la pobreza, cerrar brechas de género y ofrecer a cada trabajador la posibilidad de prosperar con dignidad.
La puesta en marcha de este programa representa un momento histórico para México. Aquellos que hoy forman parte de la economía informal tienen ante sí la posibilidad de transformar su presente y asegurar un mañana con derechos, estabilidad y reconocimiento.
La invitación es clara: informarse, participar y aprovechar cada uno de los beneficios diseñados para empoderar a millones de familias. La formalización es el puente entre la incertidumbre y un futuro de esperanza y progreso compartido.
Referencias
